Cumplir la normativa no es una opción, es una responsabilidad
En el entorno industrial, la protección contra incendios no solo es una cuestión de seguridad, sino también de cumplimiento legal.La Ley 21/1992, de Industria, y el Real Decreto 513/2017 (RIPCI) establecen la obligación de que todas las instalaciones de protección contra incendios estén legalizadas, registradas en Industria y mantenidas por empresas habilitadas.
No hacerlo puede acarrear sanciones importantes tanto para la empresa titular como para la empresa instaladora o mantenedora que interviene en el sistema.
Una empresa instaladora responsable informa y acompaña
Una empresa instaladora y mantenedora profesional no solo instala equipos: asesora, informa y verifica que sus clientes industriales cumplen con la legislación vigente.
Según el RIPCI (Real Decreto 513/2017), las empresas instaladoras deben:
- Estar habilitadas e inscritas en el registro correspondiente de su Comunidad Autónoma.
- Ejecutar los trabajos conforme a normas UNE y EN (por ejemplo: UNE-EN 12845 para rociadores automáticos, UNE-EN 54 para sistemas de detección y alarma, UNE 23580 para hidrantes, entre otras).
- Emitir certificados veraces y trazables, garantizando que la instalación cumple con los requisitos técnicos y de seguridad.
Del mismo modo, la empresa industrial (cliente) tiene la obligación de:
- Legalizar sus instalaciones ante la autoridad competente.
- Conservar toda la documentación: certificados, planos, informes de mantenimiento y revisiones periódicas.
- Asegurar que sus sistemas están operativos y actualizados conforme a la normativa técnica aplicable.
Riesgos y sanciones por incumplimiento
No legalizar o mantener adecuadamente las instalaciones de protección contra incendios implica riesgos serios:
- Riesgo para las personas y el patrimonio: sistemas que no funcionan correctamente ante una emergencia.
- Riesgo legal y económico: multas y sanciones contempladas en la Ley 21/1992, de Industria.
Según el Título V de la Ley 21/1992 (BOE-A-1992-17363):
- Infracciones leves: hasta 3.005 €.
- Infracciones graves: entre 3.005 € y 90.151 €.
- Infracciones muy graves: entre 90.151 € y 601.012 €, pudiendo incluir la suspensión de actividad o la prohibición de contratar con la Administración Pública.
Además, el artículo 31.2.h) considera infracción grave la expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajusta a la realidad, lo que puede afectar también a la empresa mantenedora si certifica sin comprobar el cumplimiento real del sistema.
Control, mantenimiento y cumplimiento normativo
Un sistema de protección contra incendios solo garantiza seguridad si:
- Está diseñado y ejecutado según las normas UNE/EN aplicables.
- Está legalizado ante la autoridad de Industria.
- Recibe mantenimiento periódico documentado por técnicos cualificados.
Por eso, las empresas del sector deben fomentar una cultura de cumplimiento normativo, que combine:
- Rigor técnico y formación continua.
- Control documental y trazabilidad.
- Transparencia con los clientes industriales.
Conclusión: la seguridad empieza en la legalización
Cumplir con la normativa de protección contra incendios es proteger vidas, instalaciones y reputación empresarial.
Una empresa instaladora comprometida debe garantizar la conformidad técnica y legal de cada sistema, asesorando a sus clientes en cada paso del proceso.
Fuentes oficiales:
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE-A-1992-17363)
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE-A-2017-6606)
- Normas UNE y EN de aplicación (UNE-EN 12845, UNE-EN 54, UNE 23580, entre otras).